La decisión de la Municipalidad de Chillán de licitar nuevamente el servicio de mantención de áreas verdes, parques, jardines y arbolado constituye una oportunidad para corregir deficiencias y elevar los estándares de un servicio que tiene un impacto directo en la calidad de vida urbana. Pero también representa una responsabilidad que trasciende la adjudicación de un contrato y que exige al municipio ejercer una fiscalización mucho más rigurosa.
Las bases establecen un período de 64 meses y contemplan una superficie de 735.058 metros cuadrados. Se trata, por tanto, de una concesión de gran magnitud, con un tope mensual de $220 millones y un costo que comprometerá recursos municipales durante más de cinco años. Una contratación de estas características debe asegurar no solo continuidad, sino también calidad, eficiencia y capacidad de respuesta ante los incumplimientos.
Los antecedentes del actual contrato debieran servir como una lección. Según los datos expuestos en el concejo municipal, desde septiembre de 2025, la actual empesa concesionaria del servicio acumuló siete multas por 218,5 UTM, equivalentes a unos $15,3 millones, por deficiencias que van desde césped amarillento y maleza sin retirar hasta plantas no repuestas, mobiliario sin
Fuente original: La Discusión
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